DEFENSORA… ¿DE QUÉ PUEBLO? – LOS AFECTADOS RESPONDEMOS AL RECHAZO DE BECERRIL A DEFENDERNOS
EN CARTA RECIBIDA AYER POR LA COORDINADORA,
LA “DEFENSORA DEL PUEBLO” ASUME LAS TESIS DEL MINISTERIO Y RECHAZA DEFENDER ANTE EL TC A LOS MÁS DE 300.000 AFECTADOS POR LA SUPRESIÓN DELA SUBSIDIACIÓN VPO
EN UN ALARDE DE INCOHERENCIA, SOLEDAD BECERRIL RECONOCE QUE SE HA PRODUCIDO UNA “ALTERACIÓN SOBREVENIDA DE LAS CONDICIONES PARA LOS BENEFICIARIOS”
LOS AFECTADOS NO QUEREMOS PERDER NUESTRO HOGAR; QUEREMOS QUE LA ADMINISTRACIÓN CUMPLA SU PARTE DEL CONTRATO.
En el día de ayer, hemos recibido la respuesta de la Defensora del Pueblo a nuestra petición de que interpusiera recurso de inconstitucionalidad contra la Disposición Adicional Segunda de la Ley 4/2013, que nos ha suprimido “retroactivamente” el derecho a renovar la subsidiación de los préstamos VPO. La Defensora comunica a los afectados que no nos defenderá en el Tribunal Constitucional por no apreciar retroactividad en la norma y añade que promoverá acciones para “flexibilizar el régimen jurídico de disposición de estos inmuebles por parte de sus titulares”.
Frente a este inaceptable posicionamiento de la institución que debería defender a la ciudadanía de los abusos del Ejecutivo de Rajoy, LOS AFECTADOS DENUNCIAMOS:
- Soledad Becerril se contradice al admitir, en sus propias palabras, que se ha producido una “alteración sobrevenida de las condiciones para los beneficiarios”. Recordamos que, en el momento de la compra de la vivienda protegida, se nos reconoció la ayuda a la subsidiación; una ayuda cuya renovación no contemplaba otro criterio que la actualización de la cuantía subsidiada a los correspondientes indicadores y, en ningún caso, deja la posibilidad a la Administración para cancelarla por otros motivos, menos de forma unilateral.
- La respuesta está fechada el último día de plazo para presentar dicho recurso y recibida por correo con posterioridad, sin posibilidad por tanto para cualquier aclaración que pudiese rectificar la actitud de Soledad Becerril. Afortunadamente para los afectados, el Partido Socialista sí nos defendió presentando el recurso de inconstitucionalidad el pasado 5 de septiembre.
- La carta muestra la parcialidad de Dña. Soledad Becerril, que viene a asumir las tesis del Ministerio de Fomento, el que en reunión mantenida con la Directora General de Vivienda Dña. Pilar Martínez quien aseguró que si los afectados no podemos pagar, que vendamos. Tanto Soledad Becerril, como Pilar Martínez pasan por alto que lo que está realmente en cuestión es el derecho a una vivienda digna de miles de afectados que podrían perder su vivienda protegida, desatendiendo así el mandato constitucional.
¡¡Los afectados queremos tener una vivienda, un hogar, Sra. Becerril!!
- La respuesta de Soledad Becerril se contradice también en lo relativo a la maléfica y extensiva aplicación del artículo 35 del RDL 20/2012, en la que se hizo extensiva la aplicación a los planes anteriores por una orden interna del Ministerio sin valor legal alguno.
- La Defensora del Pueblo se limita a echar balones fuera respecto del artículo 35 del RDL 20/2012, circunscribiéndose sólo a mantener abiertas actuaciones con el Ministerio,sin entrar decididamente en defensa de los afectados en lo que es un claro abuso de la Administración. Los afectados recordamos que esta situación se prolonga ya desde hace más de un año.
- Soledad Becerril reconoce la contradicción entre lo promulgado en el artículo 9 del RDL 233/2013 y la disposición adicional segunda de la ley 4/2013, pero afirma que dicha contradicción no tiene relevancia jurídica, y que se puede incluir de tapadillo en una ley del alquiler en lo que la Defensora llama “enmiendas en términos amplios”.
- La Defensora no defiende el derecho de los afectados a esa ayuda. Olvida que la renovación lo es de un derecho ya existente en origen, cuyas condiciones están establecidas en cada uno de los planes de vivienda. En todos ellos únicamente se hace alusión a cumplir los requisitos económicos que dieron origen a la ayuda. Olvida que el gobierno del Rajoy nos ha suprimido ese derecho, un derecho a renovar que está reconocido en origen.
- La Defensora pasa de largo por el tratamiento desfavorable y desigual entre los que presentaron su derecho a renovar antes del 15 de julio y después del mismo, alegando que dichos solicitantes tenían un año para presentar la ayuda. También le recordamos a la defensora que aún presentándose antes del 15 de julio de 2012 las prórrogas han sido denegadas.
- Nos causa estupor leer que la Defensora se excusa diciendo que las supresiones de la subsidiación no van en contra del derecho constitucional a una vivienda y que no es obligación del Ministerio mantener las ayudas ya comprometidas en el marco de cada uno de los planes.
- Por último, recordamos a la Sra. Becerril que nuestros argumentos cuentan con elrespaldo de reconocidos expertos en legislación jurídica sobre vivienda y constitucional, y no entendemos cómo es posible que defienda los intereses del gobierno de Rajoy frente a los ciudadanos.
ESFUERZOS DE LA COORDINADORA PARA PROMOVER EL RECURSO TC
El pasado 18/07/2013, la Coordinadora de Plataformas de Afectados por la supresión de la Subsidiación de los préstamos VPO presentó un escrito ante la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, solicitando que se presentara por parte de esa institución un recurso de inconstitucionalidad contra la Disposición Adicional Segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas y posteriormente el día 29 de julio nos reunimos con la Defensoría del Pueblo en Madrid donde le entregamos 10000 firmas y un dossier donde explicábamos nuestra postura desde el marco legal y la trascendencia en los afectados que dicha supresión conllevaría para todos los afectados.
SITUACIÓN DE LOS AFECTADOS
Somos más de 300.000 hogares afectados (así, la cifra alcanza el millón de ciudadanos directamente afectados). Con esta medida, deberemos pagar entre 90 y 300 euros más al mes por nuestra hipoteca protegida. Esta medida, junto a la difícil situación económica, hará que muchos afectados no puedan hacer frente al préstamo VPO, muchos de los cuales fueron firmados a precios de burbuja. Para colmo, las restricciones de las VPO impiden vender o alquilar la vivienda.
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