La Junta permitía las comisiones pese al perjuicio económico

Andalucía «consentiría» estos hechos que constituyen un «claro perjuicio del erario público», así como la inclusión en los expedientes de intrusos. Entre ellos, esposas de sindicalistas y amigos de Juan Lanzas, como César Braña, fallecido consejero delegado incluido en el ERE de Hamsa y «antes gobernador civil por el PSOE de Burgos y Cádiz», sostiene la jueza Alaya en un auto consultado por LA RAZÓN. En este contexto, la sobrecomisión habría dejado de ser algo que pasara «desapercibido» para convertirse en «el verdadero alimento de una trama corrupta del que se nutren no sólo la mediadora, sino, presuntamente, y a espaldas de ésta, sus principales responsables», según la magistrada. La investigación ha podido comprobar cómo se inflaban las comisiones, que en algunos casos superaban el 20% para que todos los actores de la trama corrupta pudieran beneficiarse. La jueza señala que las mediadoras, principalmente Vitalia y Uniter, las dos habituales en todas las operaciones, «corrompían» a cargos públicos y los sindicatos buscaban «nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio». A través de esta trama se organizó un procedimiento perfectamente dispuesto, que ha supuesto un gran quebranto a las arcas públicas. La Junta transfirió más de mil millones de euros para prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis durante la década en la que se encabalga la investigación. Los hechos se remontan a 2001 porque es en ese año cuando la Consejería de Trabajo y un ente instrumental, el IFA, firman un convenio para deslizar el dinero a través de una fórmula que resultó irregular: la transferencia de financiación de explotación. Esta fórmula opaca permitió que sólo las personas próximas al PSOE, a la Junta y a los sindicatos se enteraran de la existencia de las ayudas. Lo que explica, por ejemplo, que durante la etapa de Guerrero, de 75 millones en subvenciones a empresas, 50 se localizaran en la Sierra Norte de Sevilla, de donde él procede. Ahora la investigación da un salto, porque no se trata solamente de una red clientelar, sino que existía todo un aparataje corrupto para el reparto ilegal de las comisiones. Perfectamente organizado, con el concurso de empresas pantalla, testaferros, gabinetes jurídicos, personas que hacían de correos para llevar el dinero, paraísos fiscales a los que también sigue el rastro la Guardia Civil y facturas falsas que se usaban para intentar introducir el dinero ilícito en el cauce legal.

«Sobrecomisiones» de 4,3 millones a CC OO y UGT

Estos pagos son el «verdadero negocio» de los sindicatos en la «trama de los ERE fraudulentos»

«Sobrecomisiones» de 4,3 millones de euros a los sindicatos en lo que la jueza considera el paso de «una trama corrupta» a «un verdadero negocio». La jueza de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, asegura, en un auto al que tuvo acceso LA RAZÓN, que el ex directivo de la mediadora Vitalia Vida Antonio Albarracín, en la prisión de Morón de la Frontera desde la madrugada del viernes, tras siete horas de declaración y 19 horas en el juzgado, «pagó» cerca de 4,3 millones de euros a «los entornos» de los sindicatos UGT y CC OO. Se trataría de sobrecomisiones «pactadas» con la Junta de Andalucía en relación a la gestión de las pólizas de prejubilación relacionadas con los expedientes de regulación de empleo (ERE) «fraudulentos», por los que también regresó a prisión el miércoles el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero. Según el auto, los sindicatos buscaban «nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio». Con las dádivas al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero se garantizaban que se «obviaría la celebración de un concurso público para la adjudicación de los servicios de mediación de seguros».

Las irregularidades suponían «todo un proceso en el que han de intervenir múltiples actores: por un lado la Consejería de Empleo, otorgando las subvenciones, y por otro las consultoras, intermediarios y los despachos de abogados que tramitarían el proceso de reestructuración empresarial», culpando de todo ello a la Junta de Andalucía.

Mientras, en la declaración del ex directivo de Vitalia, a la que accedió LA RAZÓN, se indica que Albarracín «daba las directrices y controlaba todo cuanto se refería a la parte económica de las pólizas de rentas suscritas con motivo de las prejubilaciones de trabajadores dentro de los procesos de reestructuración de empresas que se llevaban a cabo en la comunidad autónoma andaluza y que eran financiadas a discreción por la Junta». Según Alaya, la Junta, desde octubre de 1999, fecha en la que se incorporó Guerrero como alto cargo, «se convertiría en uno de los mejores clientes de Vitalia y sin duda en el mejor cliente de la delegación regional de la consultora en Andalucía, porque a través del cobro de ciertas comisiones ofrecidas por Vitalia por parte del citado director general, entre otros, es la Junta la que proporcionaría más trabajo e información sobre empresas en crisis, información que se traducía nuevamente en más pólizas de rentas y contratos de gestión».

«Se trataría de un negocio bilateral en el que la Consejería de Empleo, previo ofrecimiento de dádivas por el inculpado o a su instancia, obviaría la celebración de un concurso público para la adjudicación de los servicios de mediación de seguros, y permitiría a Vitalia por su gestión de las pólizas unas sobrecomisiones elevadísimas en relación al precio del mercado, superiores en un 15%, que serían soportadas en su mayor parte por la Junta», continúa la declaración. «A cambio, ciertos cargos de la Administración, entre ellos el citado director general de Trabajo, recibirían importantes gratificaciones, y tendrían además la posibilidad, pues ellos eran los que ordenaban el pago de los fondos públicos, de incluir en las pólizas como beneficiarios a personas cercanas a su entorno privado o político», añade.

El ex director general de Trabajo, «aparte de los sobres con dinero recibidos del hoy imputado, recibiría en sus cuentas transferencias periódicas de Vitalia por orden de Albarracín, por cantidades normalmente inferiores a 3.000 euros». El ex alto cargo y su esposa recibieron en sus cuentas un total de 249.000 euros. «Con estas sobrecomisiones millonarias financiadas con fondos públicos, el inculpado Albarracín generaba importantes beneficios para su empresa, y a la vez pagaba presuntamente comisiones a todo aquel que hubiera facilitado que Vitalia gestionara las pólizas». El imputado recibiría de la compañía aseguradora la sobrecomisión pactada con la Junta y presuntamente pagaba también a los sindicatos, a los entornos de UGT y CC OO, «a los que ordenaría el pago de 4.291.384,10 euros, según los datos bancarios y fiscales analizados, y por supuesto se enriquecería él mismo a través de varios métodos». El fiscal argumenta el ingreso en prisión por el importante patrimonio acumulado por Albarracín y su señora, en gananciales. Ambos pasaron a ser titulares «de cuatro inmuebles a comienzos del 2001, a ser titulares en 2011 de 16 inmuebles con dos hipotecas completamente amortizadas». De estos inmuebles «al menos ocho procederían en su mayor parte de las sobrecomisiones de las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía».

La aseguradora contrató al «camello» de guerrero

El ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, imputado por los falsos ERE de Andalucía, intentó colocar a su presunto suministrador de droga en una de las aseguradoras que trabajaban con la Junta, según declaró el directivo de Vitalia, Antonio Albarracín, imputado en el caso. Este ejecutivo explicó a la jueza Mercedes Alaya que Guerrero le pidió contratar como comercial a Gregorio M.P., el mismo que, según la declaración judicial de Juan Francisco Trujillo, el ex chófer de Guerrero, era quien les suministraba la cocaína que compraban con el dinero procedente de las ayudas de la Junta. Según consta en la declaración de Albarracín, Guerrero «habló con él diciendo que era un gran comercial y que deberían contratarlo», y así lo hicieron, pero «este señor lo hizo fatal y tuvieron que despedirlo». Asimismo, explicó que la Junta pagaba mal y que él tenía que desplazarse muchas veces de Madrid a Sevilla, ya que por teléfono no le atendían. Guerrero le daba «pases de pecho como un torero» y las pocas veces que le atendía lo hacía por breve tiempo y le decía: «Vamos a tomarnos un fino», según Albarracín.